México obtuvo la aprobación unánime de una resolución de Naciones Unidas (ONU) para reforzar la cooperación internacional contra el tráfico ilícito de armas de fuego, informó este martes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El documento fue adoptado el pasado viernes en Viena, Austria, y plantea una hoja de ruta para fortalecer las acciones internacionales contra el comercio ilegal de armamento durante los próximos años.
Entre sus principales propuestas se encuentran combatir la corrupción y el lavado de dinero vinculados con estas actividades, así como abordar la responsabilidad penal de las empresas que facilitan el tráfico ilícito de armas.
La resolución está relacionada con el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
¿Qué propone la resolución impulsada por México?
La iniciativa busca fortalecer los mecanismos con los que los países pueden prevenir, investigar y combatir las redes dedicadas al tráfico internacional de armamento.
Entre las principales líneas de acción contempladas destacan:
- Combate a la corrupción: reforzar las medidas para detectar y enfrentar prácticas que faciliten el tráfico ilegal de armas.
- Prevención del lavado de dinero: atender los flujos financieros vinculados con la adquisición y distribución ilícita de armamento.
- Responsabilidad penal empresarial: abordar la participación de compañías que faciliten estas actividades ilegales.
- Uso de nuevas tecnologías: aprovechar herramientas tecnológicas para mejorar la detección y el combate de estas redes.
- Recopilación de información: impulsar estudios sobre las rutas, modalidades y dinámicas del tráfico de armas de fuego.
De acuerdo con la Cancillería mexicana, estas medidas buscan reducir los espacios de operación de las organizaciones criminales que recurren al comercio ilegal de armamento y contribuyen a la violencia en distintas regiones del mundo.
¿Qué significa la aprobación de la ONU?
La resolución fue adoptada el 23 de octubre de 2026, durante la 13.ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Viena entre el 19 y el 23 de octubre.
La aprobación por consenso respalda la ruta de cooperación propuesta, pero no significa que se hayan establecido automáticamente nuevas sanciones internacionales. La aplicación de las medidas dependerá de las acciones que desarrollen los países participantes y de los mecanismos de cooperación previstos.