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México cambia las obligaciones de protección infantil en servicios turísticos

admin

Noticia | Redacción

Una reforma a la Ley General de Turismo entró en vigor el sábado 14 de noviembre de 2026. La modificación incorpora obligaciones de protección a niñas, niños y adolescentes para quienes ofrecen servicios turísticos. El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto el viernes 13, en su edición vespertina. El transitorio dispuso que surtiera efecto al día siguiente.

El cambio añade dos fracciones al artículo 58 de la ley. La primera ordena a los prestadores aplicar los protocolos y acciones de prevención que definan las autoridades competentes. Su finalidad es ayudar a detectar posibles delitos contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, con prioridad al interés superior de la niñez.

La segunda fracción requiere medidas de seguridad antes de prestar el servicio, tanto en operaciones presenciales como electrónicas. El texto indica que los turistas que viajen acompañados por menores deben acreditar el parentesco o la figura de cuidado que corresponda: patria potestad, tutela, guarda o custodia. También prevé acreditar la mayoría de edad mediante documentos oficiales cuando corresponda.

Si no se cumple la acreditación prevista, el decreto señala que debe negarse el servicio y darse aviso a la autoridad investigadora correspondiente por la posible comisión de un delito. Un aviso no es una determinación de culpabilidad. Los prestadores aplican las medidas que les corresponden; la investigación y la calificación de los hechos corresponden a las autoridades.

La reforma está redactada para los prestadores de servicios turísticos. El decreto no limita las nuevas fracciones a los hoteles ni fija por sí mismo un procedimiento idéntico para todas las empresas. Tampoco enumera un catálogo uniforme de documentos aceptables para todas las situaciones familiares, ni establece un portal único para validarlos.

La redacción distingue el deber de prevenir, que es general, de los procedimientos que deben definir las autoridades competentes. Esa diferencia vale para una familia que ya tiene una reserva: la vigencia del decreto no permite dar por hecho que todos los prestadores hayan publicado el mismo protocolo o resuelvan del mismo modo una verificación antes de la llegada.

Para saber qué información pedirá un prestador en un viaje concreto, conviene consultar sus indicaciones por un canal oficial antes de acudir. Distingue el artículo 58 de las condiciones particulares de reserva o de un aviso de un intermediario. No envíes documentos a un correo o número que se presenta como el establecimiento sin verificar primero su identidad.

El Congreso fechó el decreto el 7 de octubre de 2026 y el Ejecutivo lo expidió el 10 de noviembre. La fecha que determina su entrada en vigor es la de su publicación y su transitorio. El presente cambio no debe confundirse con una iniciativa pendiente o con un trámite de identificación que el decreto no crea.

La edición del Diario Oficial permite consultar el texto íntegro de las dos obligaciones. Para dar seguimiento a su aplicación, queda por distinguir qué protocolos publicarán las autoridades, qué medios habilitarán los prestadores y cómo documentarán sus avisos. Son detalles distintos del mandato legal, que ya entró en vigor.

Ilustración generada con IA · Acento Noticias.

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